El pasado 24 de marzo de 2026, el Tribunal Supremo dict\u00f3 la Sentencia n\u00fam. 368\/2026 (recurso de casaci\u00f3n 5782\/2023, ECLI:ES:TS:2026:1875) en relaci\u00f3n con el denominado \u00abc\u00e1rtel de los cables BT\/MT\u00bb. Esta resoluci\u00f3n aborda dos cuestiones de enorme inter\u00e9s para el panorama del Derecho de la competencia en Espa\u00f1a: c\u00f3mo deben tratarse los lapsos temporales entre conductas infractoras cuando existe un plan com\u00fan anticompetitivo, y qu\u00e9 criterios puede utilizar v\u00e1lidamente la autoridad de competencia para cuantificar las sanciones.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de su relevancia t\u00e9cnica, la sentencia tiene implicaciones estrat\u00e9gicas directas para las empresas que fueron clientes de los fabricantes de cables durante el periodo del c\u00e1rtel y que pudieron sufrir sobreprecios. Desde Stonward Litigation Finance, analizamos los aspectos clave de este pronunciamiento y su potencial impacto en las reclamaciones por da\u00f1os derivados de c\u00e1rteles.<\/p>\n
El caso tiene su origen en la resoluci\u00f3n sancionadora de la Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 23 de noviembre de 2017, dictada en el expediente S\/DC\/0562\/15 Cables BT\/MT. La CNMC declar\u00f3 la existencia de varios c\u00e1rteles en el mercado de cables de baja y media tensi\u00f3n, incluyendo el \u00abc\u00e1rtel de fabricantes\u00bb y el \u00abc\u00e1rtel de Peisa y fabricantes\u00bb, atribuyendo responsabilidad a diversas empresas del sector, entre ellas Top Cable, S.A.<\/p>\n
La Audiencia Nacional estim\u00f3 parcialmente el recurso de Top Cable. En particular, declar\u00f3 que el par\u00e1metro de sobreprecio utilizado por la CNMC para cuantificar la sanci\u00f3n en el c\u00e1rtel de fabricantes no estaba acreditado, y anul\u00f3 la sanci\u00f3n relativa al c\u00e1rtel de Peisa y fabricantes al considerar que solo exist\u00edan tres episodios aislados separados por largos intervalos temporales, insuficientes para configurar una infracci\u00f3n continuada.<\/p>\n
Tanto la Administraci\u00f3n del Estado (en representaci\u00f3n de la CNMC) como Top Cable interpusieron recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo.<\/p>\n
El Tribunal Supremo establece una doctrina clara: cuando se acredita la existencia de un plan com\u00fan para desarrollar una actividad anticompetitiva, los lapsos temporales entre las conductas infractoras acreditadas no impiden, por s\u00ed solos, calificar la infracci\u00f3n como continuada.<\/p>\n
Esto tiene una consecuencia directa sobre la prescripci\u00f3n. El plazo de prescripci\u00f3n se computa desde la finalizaci\u00f3n de la \u00faltima conducta acreditada del plan, no desde cada episodio individual. Sin embargo, el Tribunal introduce un l\u00edmite importante: si el lapso entre un episodio y el siguiente supera el plazo de prescripci\u00f3n de la infracci\u00f3n individualmente considerada (cuatro a\u00f1os para infracciones muy graves), la conducta anterior debe entenderse prescrita.<\/p>\n
En el caso concreto, los lapsos de tres a\u00f1os y ocho meses y tres a\u00f1os y cuatro meses entre las conductas acreditadas eran inferiores al plazo de cuatro a\u00f1os, por lo que el Tribunal confirm\u00f3 la calificaci\u00f3n como infracci\u00f3n continuada y declar\u00f3 err\u00f3nea la apreciaci\u00f3n de prescripci\u00f3n realizada por la Audiencia Nacional.<\/p>\n
No obstante, el Tribunal precisa que, cuando existen intervalos significativos de inactividad dentro de la infracci\u00f3n continuada, la duraci\u00f3n sancionable no puede equipararse a la de una conducta ininterrumpida. La sanci\u00f3n debe calcularse atendiendo al tiempo de ejecuci\u00f3n efectivamente acreditado, excluyendo los periodos en los que no consta actividad imputable al plan.<\/p>\n
La segunda cuesti\u00f3n resuelta por el Tribunal Supremo es igualmente relevante. La CNMC hab\u00eda empleado un par\u00e1metro denominado \u00abcuota de participaci\u00f3n en la conducta\u00bb para graduar las sanciones entre las distintas empresas sancionadas. Este criterio, definido en las Indicaciones Provisionales de la CNMC de 2018, mide el peso proporcional de cada empresa en el volumen de negocios conjunto de las empresas investigadas.<\/p>\n
El Tribunal Supremo declara que este criterio carece de cobertura normativa en el art\u00edculo 64.1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC). Razona que la cuota de participaci\u00f3n en la conducta no equivale a la cuota de mercado (art. 64.1.b LDC), no mide la dimensi\u00f3n y caracter\u00edsticas del mercado afectado (art. 64.1.a LDC), ni encaja en ninguno de los dem\u00e1s criterios legales expresamente enumerados.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la Sala concluye que la cl\u00e1usula abierta \u00abentre otros\u00bb del art\u00edculo 64.1 LDC no puede interpretarse como una habilitaci\u00f3n en blanco para introducir criterios sancionadores sin relaci\u00f3n material con los legalmente previstos, pues ello vulnerar\u00eda el principio de legalidad sancionadora del art\u00edculo 25.1 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
Como resultado, el Tribunal Supremo cas\u00f3 y anul\u00f3 la sentencia de la Audiencia Nacional, estim\u00f3 en parte el recurso contencioso-administrativo de Top Cable y anul\u00f3 la resoluci\u00f3n sancionadora \u00fanicamente en el extremo relativo a la determinaci\u00f3n del importe de las sanciones, ordenando a la CNMC recalcularlas conforme a los criterios establecidos en la sentencia. La existencia de la infracci\u00f3n, su calificaci\u00f3n jur\u00eddica y la atribuci\u00f3n de responsabilidad quedaron confirmadas.<\/p>\n
Es importante subrayar que esta sentencia es un pronunciamiento sancionador \u2014no una resoluci\u00f3n sobre da\u00f1os\u2014, pero sus criterios tienen relevancia estrat\u00e9gica para las reclamaciones follow-on por da\u00f1os de c\u00e1rtel:<\/p>\n
No obstante, la sentencia no prueba autom\u00e1ticamente que todos los clientes del c\u00e1rtel sufrieron da\u00f1os, ni garantiza indemnizaciones. Las empresas afectadas necesitan analizar individualmente aspectos como el periodo concreto de compras, el volumen de adquisiciones relevantes, la prueba econ\u00f3mica del sobreprecio, la causalidad y la cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o efectivamente sufrido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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