El 28 de enero de 2025, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia fundamental (C-253/23, ASG 2 v. Land Nordrhein-Westfalen) que tendrá amplias repercusiones para la financiación de litigios y la reparación colectiva en el ámbito del derecho de la competencia de la UE. Esta decisión aborda las condiciones bajo las cuales los demandantes perjudicados por conductas anticompetitivas pueden ceder su derecho a indemnización a proveedores de servicios jurídicos, lo que permite la acumulación de reclamaciones, una cuestión central en acciones por daños masivos y cárteles.

Antecedentes del caso

El caso se originó a partir de una demanda interpuesta por ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH (“ASG 2”) contra el estado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania) en nombre de varios aserraderos. Estos aserraderos habían transferido sus reclamaciones por daños, derivados de un presunto cartel ilegal en el mercado de la madera en bruto, a ASG 2, un proveedor de servicios jurídicos autorizado por la legislación alemana para recuperar reclamaciones en nombre de terceros a cambio de una compensación basada en contingencias.

La legislación alemana (la RDG—Rechtsdienstleistungsgesetz) regula la capacidad de los proveedores de servicios jurídicos para recuperar reclamaciones cedidas. Aunque el Tribunal Supremo Federal alemán había apoyado anteriormente modelos similares de cobro para daños individuales pequeños o reclamaciones de consumidores, su admisibilidad en casos de daños masivos por infracciones antitrust—especialmente aquellos que no siguen una decisión previa de una autoridad de competencia (“acciones autónomas”)—seguía siendo objeto de fuerte controversia.

Cuestiones jurídicas clave

El Tribunal Regional de Dortmund remitió cuestiones cruciales al TJUE, preguntando si el derecho de la UE—incluido el artículo 101 TFUE, la Directiva 2014/104 sobre acciones de daños por infracciones del derecho de la competencia y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE—prohíbe que el derecho nacional deniegue la cesión de reclamaciones por daños a una empresa de servicios jurídicos para su agregación y reparación colectiva, especialmente cuando no existen otros medios efectivos de persecución conjunta disponibles.

El Tribunal dictaminó que el derecho de la UE se opone a las normas nacionales que en la práctica prohíban a las partes perjudicadas ceder sus reclamaciones para una acción legal agregada por proveedores de servicios jurídicos autorizados, si no existen mecanismos alternativos efectivos para agrupar reclamaciones individuales que garanticen el ejercicio efectivo del derecho a indemnización.

La decisión se aplica específicamente cuando el litigio es especialmente complejo, prolongado o costoso (como en el caso de los daños por competencia), lo que hace que las reclamaciones individuales sean impracticables o excesivamente difíciles, menoscabando así el derecho a la tutela judicial. Si la legislación nacional no puede interpretarse de manera conforme a estos requisitos de la UE, los tribunales internos deben dejar de aplicar dichas disposiciones nacionales para salvaguardar la plena efectividad del derecho de la UE y el acceso a la justicia.

Implicaciones para los financiadores de litigios

Esta sentencia representa un avance importante para la reparación colectiva y la financiación de litigios en Europa, ya que establece que los modelos de cesión masiva y la agregación de reclamaciones por proveedores de servicios especializados, a menudo respaldados por financiadores de litigios, no pueden ser automáticamente prohibidos por normas nacionales restrictivas, incluso en ausencia de una decisión previa de infracción regulatoria.

A largo plazo, esto facilitará una mayor oportunidad para agrupar reclamaciones en casos de daños masivos, cárteles o competencia, utilizando modelos de cesión y cobro; es decir, una mejor posibilidad de obtener una justicia adecuada.