Madrid-Lima, junio de 2021. Las conclusiones del I Congreso Internacional de Financiamiento por Terceros en el Arbitraje Internacional, organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje y Stonward Litigation Funding no dejan lugar a duda: Latinoamerica es un claro punto de interés para la financiación de litigios por su protagonismo inequívoco en la resolución de disputas por vía arbitral. Según ICC, las disputas en América Latina y el Caribe aumentaron un 14% en 2019 con respecto al año anterior. “El arbitraje con elemento latinoamericano tiene un peso único”, dijo Carolina Bayo, Senior Director de Stonward, en la inauguración del Congreso.
Durante dos días, 29 y 30 de junio, expertos del mundo de la financiación de litigios, el arbitraje y el derecho han debatido desde la utilidad de la financiación por terceros, los beneficios de contar con socios estratégicos que sepan aumentar el valor de reclamaciones con méritos sólidos, la importancia de saber asociar las demandas con el financiador adecuado, la necesidad o no de una regulación específica sobre esta figura en el arbitraje internacional, hasta cuestiones prácticas como qué hacer si una vez que llega un laudo, el vencido no paga, o la importancia del contexto político-económico a la hora de buscar financiación.
El congreso, que el año que viene espera poder celebrarse de forma presencial, ha contado con la presencia de las voces más relevantes del panorama arbitral y de la financiación por terceros.
Los paneles
El primer panel, dedicado a nociones introductorias sobre esta herramienta legal, estuvo moderado por Rodrigo Zamora, de Galicia Abogados (México), y en él participaron Fernando Tallón, del bufete Ramón y Cajal (España), Antonio Bravo Taberné, de Eversheds Sutherland (España), y Fernando Bedoya, de Pérez Llorca (España). “La financiación de litigios cubre todos los costes asociados a un litigio, pero no se trata solo de que no le cueste al cliente, sino de que salga indemne, porque incluso se aseguran también las costas. La pregunta clave es: ¿cómo nos repartimos un probable laudo favorable? En este sentido, las opciones son varias, pero lo clásico es o un múltiplo de la inversión, o un porcentaje de la ganancia. Y si se pierde, no se devuelve el dinero”, explicó Fernando Bedoya.
El segundo panel, en inglés, estuvo moderado por la periodista de datos Jacquelyn Palmer, de Bloomberg Law (EEUU), y en él se debatieron cuestiones relativas a la regulación de la financiación de litigios. En el panel, donde participaron representantes de diferentes fondos, hubo consenso sobre la necesidad de revelar la existencia de financiación y la identidad del tercero financiador para preservar la independencia arbitral, pero no así la necesidad de revelar el contenido del acuerdo de financiación. Se habló del nuevo reglamento ICC, del cual se dijo que hace una loable tarea de protección de la independencia e imparcialidad de los árbitros al exigir la revelación de la existencia de financiación y la identidad del fondo, y se debatió sobre los proyectos de revisión de los reglamentos de arbitraje de ICSID y UNCITRAL. “La necesidad de revelar la existencia e identidad de un financiador es necesario para evitar conflictos de interés, y también suficiente. Ningún financiador quiere que un laudo sea anulado por un conflicto de interés que se podría haber resuelto a tiempo, no está en el interés del financiador estar expuesto a ese riesgo”, dijo Charles Demoulin, de Deminor (Bélgica). Por su parte, Rebecca Berrebi, de Avenue 33 (EEUU), añadió que “ningún financiador va a involucrarse en un caso que no tenga sólidos méritos legales”, por lo que esta figura legal no va a suponer un aumento de litigios frívolos, dos opiniones con las que estuvo también de acuerdo William Marra, de Validity Finance (EEUU).
El día 30 tuvieron lugar dos paneles de carácter práctico. El primero de ellos se centró en los beneficios del financiamiento como herramienta para la transferencia de riesgo a un tercero, así como para promover el acceso a la justicia arbitral de nuevos actores: “En las jurisdicciones donde había dudas sobre la licitud de la financiación de litigios, sobre todo jurisdicciones de derecho Común, ya se ha establecido que es algo lícito, porque si se elimina, se recorta el acceso a la justicia. Todos sabemos que es muy caro ir a arbitraje”, explica Sandra González, del bufete Ferrere (Uruguay) y panelista. Moderó Antonio Vázquez-Guillén, de Allen & Overy (España), y participaron Enrique Ferrando Gamarra, de Osterling (Perú), Sandra González y Daniel Rodríguez de la firma CMS Rodríguez-Azuero (Colombia).
Para finalizar, el último panel se hizo la pregunta que cada vez es más frecuente: Llega el laudo, pero el vencido no paga, ¿qué podemos hacer? El panel también abordó las problemáticas socio-económicas ante las que se encuentran los inversores y la necesidad de analizar este contexto para conocer las posibilidades reales de encontrar financiación. “Desde el punto de visto del inversionista, hay que hacer análisis socioeconómicos para saber si invertir, pero al final hay una cosa clave: cuál es el track record del país a la hora de pagar laudos arbitrales. Eso es lo que va a tener un impacto sobre el precio que se imponga a la hora de financiar”, explicó Thomas Noorgard de Gramercy Funds Management (EEUU). Ante un impago del laudo por el vencido, o del deseo del acreedor de vender sus derechos de crédito, el financiador ofrece la posibilidad de asumir este riesgo. El tercero financiador aporta beneficios en esta etapa al ofrecer tanto la financiación de procesos de ejecución y cobro como la compraventa de laudos. Pero para que una financiación tenga éxito, y como termómetros del riesgo, es necesario contar con la dimensión jurídica y político-económica. Estas fueron las tres dimensiones aportadas por los panelistas. El panel estuvo moderado por Carolina Bayo, Senior Director de Stonward (España), y en él participaron Hernando Díaz-Candia, de WDA Legal (EEUU) y Francisco Rodríguez, Economista y director de Oil for Venezuela (EEUU) y Thomas Norgaard.
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