Toda coyuntura económica a la baja viene acompañada de un aumento de los litigios, y la Covid19 no es una excepción. Esta crisis está generando muchos incumplimientos contractuales, disputas de fuerza mayor, disputas con proveedores, EREs… Al mismo tiempo, muchas empresas se ven ante una difícil disyuntiva: invertir capital en asesoramiento legal o incluso en un proceso judicial meritorio o utilizar esos recursos para sacar adelante el negocio. La Financiación de Litigios pone fin a este problema.

La financiación de litigios o “Third Party Funding” es una herramienta legal que, en términos generales, consiste en que un tercero ajeno a un procedimiento judicial o arbitral sufraga sus gastos a cambio de una parte de la recuperación previamente pactada en un acuerdo de financiación.

Al ser una financiación a fondo perdido, es decir, al no tratarse de un préstamo, el beneficio de que un tercero financie un proceso judicial a una empresa, y que ésta no tenga que hacerlo con fondos propios, es indiscutible. Solo en caso de éxito el financiador recupera la inversión realizada, llevándose un variable previamente acordado.

Podemos enumerar los beneficios para las empresas como sigue:

-Acceso a la justicia: Esta herramienta proporciona la tranquilidad y seguridad de que se puede seguir adelante con una reclamación, sin tener que emplear los recursos propios de la empresa, o, en el peor de los casos, agotarlos hasta llegar a la quiebra. En otras palabras, la financiación de litigios facilita el acceso a la justicia, de forma que la falta de recursos económicos no suponga un obstáculo. Las reclamaciones comerciales pueden suponer un descalabro de las cuentas, incluso en empresas fuertes y solventes. Además de tener que hacer uso de recursos económicos propios, es necesario contar con un potente equipo especializado, y los procesos pueden alargarse años en el tiempo. La financiación de litigios da la fortaleza económica necesaria para poder continuar el procedimiento y pagar todos gastos asociados durante todo su recorrido, incluyendo su ejecución y cobro.

-Optimizar recursos: pero esta herramienta no está al alcance solo para reclamantes insolventes. En muchas ocasiones una empresa es solvente y elige no vaciar sus arcas en procedimientos que pueden durar años para poder invertir esos fondos en su negocio y afrontar gastos que le generen beneficios en un futuro más cercano. Por ejemplo, con la actual crisis económica provocada por la Covid19, muchas empresas se encuentran ante la disyuntiva de emprender un procedimiento judicial, o utilizar los recursos que emplearía en esa acción legal en poder continuar con su actividad económica, o incluso expandir el negocio. Por esta razón, el 70% de empresas no persiguen reclamaciones comerciales, pese a contar con los méritos legales necesarios para alcanzar el éxito. La financiación de litigios cambia esta situación y ayuda a las empresas a optimizar sus propios recursos.

-Transferir riesgos: Los procedimientos litigiosos son complejos y largos, y pueden derivar en costes extras no previstos. Gracias a la financiación de litigios, el riesgo que acarrea emprender un procedimiento judicial o arbitral se transfiere al tercero que está sufragando los costes.

-Mejora del balance económico: los gastos derivados de un proceso litigioso o arbitral son, como su nombre indica, gastos en los balances de cualquier empresa. Sin embargo, gracias a la financiación de litigios, dicho procedimiento se transforma en un activo que puede generar ingresos sin que se hayan utilizado recursos propios en ello.

-Monetizar activos litigiosos: la financiación de litigios permite monetizar de forma anticipada laudos o sentencias, lo que también implica su transformación en un activo sin tener que utilizar recursos propios en ello y poder generar ingresos que de otro modo no se producirían o tardarían años en producirse.

* Artículo derivado de la entrevista en LawyerPress a Carolina Bayo, Senior Director – Head of Legal Assets, y de su artículo publicado en Expansión.