La reciente decisión del Séptimo Circuito en Carina Ventures LLC v. Pilgrim’s Pride Corporation ofrece una narrativa cruda sobre los peligros de la financiación de litigios por terceros. [1] Lo que comenzó como reclamaciones antimonopolio de Sysco terminó convirtiéndose en una batalla procesal entre Sysco y su financiador, Burford Capital. Cuando Sysco intentó llegar a un acuerdo global en las disputas subyacentes por una cifra reportada de 50 millones de dólares estadounidenses, Burford ejerció su derecho contractual en virtud del Capital Provision Agreement («CPA») para denegar su consentimiento. Lo que siguió fue una solicitud de medidas cautelares de emergencia ante un tribunal arbitral y, finalmente, una orden judicial preliminar que impedía a Sysco llegar a un acuerdo. Meses después, Burford y Sysco resolvieron su propia disputa, y Sysco cedió sus reclamaciones a una filial de Burford, Carina Ventures, la apelante en el caso objeto de análisis.
Lo que importa para este artículo es el voto concurrente de la Jueza Maldonado y su contundente declaración en la sentencia:
«Digo todo esto para señalar que la apelación de Carina —es decir, de Burford— ante nosotros está motivada mucho más por su inversión financiera especulativa que por un deseo de buscar justicia para Sysco, la verdadera parte perjudicada. Habiendo convertido la sala del tribunal en un parqué bursátil, y habiendo calculado que la continuación del litigio era más rentable que un acuerdo, Burford arrebató el control total sobre la transacción de las reclamaciones de Sysco. Y de no ser por esta maniobra legal, este litigio podría haberse resuelto hace mucho tiempo. Este caso es una historia de advertencia para cualquier parte que pretenda financiar su litigio a través de un tercero.»
Es un pasaje poderoso, y sin duda será citado con frecuencia por los críticos de la financiación de litigios. Sin embargo, lo que la opinión no confronta plenamente es el incómodo contrafáctico: sin financiación, es posible que el litigio nunca hubiera existido.
Los casos antimonopolio complejos en Estados Unidos demandan habitualmente miles de horas de abogados a tarifas que hacen del acceso a la justicia algo ilusorio incluso para empresas con amplios recursos, y mucho más para demandantes de menor tamaño. Cualquiera puede hacer los cálculos. El riesgo es absoluto. Si el caso fracasa, el financiador lo pierde todo. Ese riesgo no es teórico: es el fundamento económico de la industria. Describir la financiación de litigios como mera especulación, sin reconocer los beneficios que aporta, es contar solo la mitad de la historia.
Y no solo eso: un financiador no es simplemente una fuente de capital. Con el tiempo, los financiadores líderes han acumulado una expertise litigiosa que a menudo rivaliza con la de los equipos jurídicos a los que apoyan —conocimiento en selección de casos, estrategia procesal, riesgo jurisdiccional y dinámicas de transacción, forjado tras años de exposición a disputas complejas. Esta contribución es en gran medida invisible desde fuera. Ese valor añadido no es fácil de cuantificar, pero es real, y con frecuencia mejora —no socava— la calidad y eficiencia del litigio.
Nada de lo anterior excusa el exceso en los límites contractuales ni el desplazamiento del rol del financiador, de habilitador del litigio a controlador discrecional del mismo en perjuicio de los intereses del demandante. Los derechos de control deben ser sometidos a escrutinio, y los financiadores no deben desplazar la voz del demandante. Pero enmarcar este caso exclusivamente como una parábola moral sobre la ingeniería financiera en los tribunales corre el riesgo de oscurecer una realidad más matizada: la financiación de litigios existe porque, en muchas jurisdicciones, la justicia tiene un precio inalcanzable. Hasta que eso cambie, la financiación no será una historia de advertencia, sino una historia necesaria.
«Equilibrio en la Fuerza, haber debe.» – Yoda
[1] United States Court of Appeals For the Seventh Circuit, No. 25-1110, In Re: Broiler Chicken Antitrust Litigation, Carina Ventures Llc, (Plaintiff-Appellant) v. Pilgrim’s Pride Corporation, (Defendant-Appellee).